A propósito de los Derechos Humanos

Hace unas semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos sentencias contra el Estado Peruano por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad y que responsabilizan directamente a Alberto Fujimori, una de ellas fue la referida a la matanza de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta... sobre las reacciones posteriores y la hepática y cínica reacción de algunos que tienen cosas pendientes con la justicia, escribiré después... hoy quiero transcribir un artículo que hice sobre una entrevista a Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, uno de los estudiantes asesinados por este grupillo llamado Colina, liderado por Santiago Martin Rivas, apoyado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza.
La nota pretende plantear todo el sentimiento de permanente esperanza, por la búsqueda de la justicia y el afán persistente de nadar contra la corriente.

Caso La Cantuta: Efectos de una sentencia

Han pasado 15 años, desde aquel 18 de julio de 1992, cuando integrantes del grupo paramilitar Colina, bajo las ordenes (según se conoce hoy), de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ingresaron al local de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) y secuestraron a nueve alumnos y un profesor, a quienes acusaron de terroristas y ser parte del grupo de subversivos que perpetró el atentado en la calle Tarata de Miraflores.

Después de varios meses de este acto, no se supo nada de este grupo de personas que fueron sacadas a la fuerza de la residencia universitaria, en horas de la noche, y tratados como vulgares delincuentes, humillados, golpeados y vejados.

Tuvo que pasar mucho tiempo para encontrar luego, un conjunto de restos oseos y prendas de vestir, enterradas en la zona de Cieneguilla al sur este de Lima… el resto de la historia es conocida… una llave fue la clave para descubrir que se trataban de los estudiantes desaparecidos de La Cantuta… acusaciones contra el grupo Colina, contra Fujimori, investigaciones, contrademandas, desmentidos, cortinas de humo, acoso, seguimiento, un Poder Judicial comprado, un fuero militar sometido, una cúpula de corrupción enquistada en el poder cubriendo sus propias fechorías… en medio de ello, un grupo de personas luchando contra ese poder para reivindicar a sus familiares muertos y desaparecidos y para encontrar la justicia que parecía perdida… olvidada… calcinada y enterrada como sus hijos y hermanos…

15 años después…

Ha pasado mucho en este período de tiempo, los gobiernos han cambiado, cayó la dictadura, se descubrió la fuente de corrupción de la década del 90, la justicia ha dado muchos giros, sin embargo la fe inquebrantable de las familias ha permanecido de pie.

Gisela Ortiz Perea, es una de esas personas que se mantuvo alerta ante la injusticia, que utilizó junto con los demás familiares afectados, hasta el último de sus recursos humanos y económicos, para demostrar ante la justicia, el gobierno, la prensa y todo aquel que pudiera ser un eco de su demanda, que su hermano Luis Enrique, sus ocho compañeros y su profesor fueron ejecutados por ese grupo de terror llamado Colina, con conocimiento del ahora prófugo Alberto Fujimori y su encarcelado asesor Vladimiro Montesinos.

Con la foto de Luis Enrique en la mano, el brillo de los ojos de Gisela es distinto, su rostro expresa cierta satisfacción, el haber llegado a un oasis de esperanza en medio de un desierto desolado sin justicia, ha marcado un momento distinto para ella y sus compañeros en la lucha por la dignidad.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ahora conocen, dispone que el Estado peruano brinde las satisfacciones y reparaciones civiles, morales y económicas a los familiares de los desaparecidos de La Cantuta, más aún, el fallo reconoce como autores intelectuales de estos hechos a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general en retiro Nicolás Hermoza Ríos, además de los autores materiales, encabezados por el jefe del grupo Colina, Santiago Martin Rivas.

“Es un logro más en nuestra larga lucha”

Conversando con Gisela, podemos darnos cuenta que este fallo le devuelve la esperanza, en que sus demandas sean escuchadas y cumplidas.

“Sentimos satisfacción porque es un logro más en la larga lucha que tenemos como familiares para pelear contra la impunidad, acceder a la verdad es una sentencia que demuestra la responsabilidad del Estado Peruano por lo que ha hecho y por lo que dejó de hacer”.

Para Ortiz Perea y todos los demás familiares, es importante que el Estado, a través del gobierno del presidente García Pérez, reivindique a las víctimas de este lamentable hecho.

“El primer paso importante es un reconocimiento publico de todo el daño que se causó (…) necesitamos un pedido de perdón, en una ceremonia pública presidida por el Presidente de la República, devolviendo la dignidad de nuestros seres queridos y reparando el daño moral causado a las familias”.

Sin embargo, la ilusión de una reparación moral, queda subordinada cuando se recuerda que el actual mandatario, también tiene cuentas pendientes por temas de violaciones a los derechos humanos durante su primera gestión de 1985 a 1990.

Cuando le decimos esto, Gisela calla, reflexiona, se toma el tiempo para pensar su respuesta y nos dice “Creo que la duda es razonable, hay q recordar las responsabilidades de García y el gobierno aprista en el tema de derechos humanos, pero apelamos a la voluntad política y la obligación del Estado de cumplir las sentencias de la Corte”.

“El esfuerzo valió la pena”

Cuando uno piensa en los años que han pasado, en el desgaste físico y emocional, en las oportunidades perdidas, en las aulas universitarias abandonadas, en las lagrimas solitarias, en la plegaria elevada, en el llanto colectivo, en la desazón… cuando uno piensa finalmente en el tiempo que pasó, piensa ¿en qué momento ocurrió esto?, ¿cuándo fue que nuestras vidas cambiaron tanto?, ¿cómo nos vimos envueltos en la corrupción, los desplantes, las puertas cerradas en la cara?...

Si volteamos la mirada hacia atrás y vemos el pasado y ahora analizamos el presente, muchos dirán “valió la pena el esfuerzo”.

Para los familiares de Hugo Muñoz, Manuel Rosales, Dora Oyague, Luis Ortiz, Robert Teodoro, Armando Amaro, Felipe Flores, Bertila Lozano, Juan Mariños y Pablo Meza, definitivamente si valió la pena luchar sin desmayo… más que la búsqueda de justicia, el motor fue el amor hacia el recuerdo de sus seres queridos.

“Siempre creo que sí ha valido la dedicación, el tiempo que hemos tomado, no solamente porque lo hemos hecho con cariño y amor a nuestros familiares sino que a lo largo de estos años hemos logrado que no se cumplan los objetivos de Montesinos, Fujimori y el grupo Colina, que era acabar con la memoria de nuestros familiares…siempre ha valido la pena…”, culmina Gisela antes de despedirse de nosotros.

No sólo hablamos de La Cantuta, hoy existen miles de casos pendientes de justicia, esto es sólo un hito en esta lucha, y quienes defienden los derechos humanos y quienes conocemos la resolución de estos peleadores anónimos sabemos, que mientras la justicia no haya llegado a esos casos, mientras Fujimori y los demás responsables de crímenes de lesa humanidad, no hayan sido juzgados y sentenciados… mientras eso no ocurra no habremos terminado la tarea.